Natalia Denegri baila y canta en el escenario: “Te voy a contar un sueño. Un sueño que quiero olvidar.”

Es 1997 pero la banda, con lentes ruteros y camisas estampadas, parece atrapada en los ochenta. A pesar de que tocan sus instrumentos, la música pop sintética suena como una pista de karaoke. Denegri salta por el estudio con un top negro, pantalones ajustados y el micrófono en la mano cuando llega al estribillo. “¿Quién me la puso?”, entona con fuerza. “Eso es lo que yo quiero saber”. 

Fuera de cámara, el público se percata del doble sentido de lo que dice la cantante y estalla en una risa exagerada, tapando la voz de Denegri. “¡Atención en el estudio!”, ruega el conductor, pero los presentes ya están fuera de sí. 

En la actualidad, Denegri es una actriz y productora de televisión exitosa, pero este video es de otro período más oscuro de su vida cuando fue una joven atrapada en la órbita intoxicante del semidiós del fútbol, Diego Maradona. El año anterior al desafortunado programa en el que cantó, Denegri había sido parte de un escándalo que tuvo al país en vilo; uno que involucró al manager de Maradona y una cantidad considerable de cocaína. En ese momento, ella tenía 21 años.

“Con los años me dí cuenta de cómo fui utilizada. Yo era menor de edad”, le dijo Natalia Denegri a Rest of World. “No entendía nada de lo que estaba diciendo”. 

Ella preferiría que todos olvidaran ese período de su vida en el que se convirtió en un espectáculo nacional en el que fue sexualizada, ridiculizada y denigrada desde cada rincón de la cultura popular argentina. Denegri quiere que ese video y otros enlaces asociados con su pasado sean desindexados de Google: es decir, elimindos del motor de búsqueda para que no sean encontrados con tanta facilidad.

El resultado del deseo de Natalia es un caso judicial de alto perfil sobre el “derecho al olvido”. El juicio encarna el debate actual entre la privacidad individual y el interés público y es el primero en Argentina, un país en el que la memoria tiene un significado particular.

La privacidad y el interés público se desdibujan cuando se trata de Maradona. La magnitud de su fama es difícil de comprender para quienes no son argentinos. Adorado y criticado en partes iguales, la leyenda del fútbol fue una metáfora viva de los triunfos y las derrotas colectivas de la nación. Vivió su vida como una deidad, y murió de un paro cardíaco en noviembre de 2020. Aún en plena cuarentena sanitaria por Covid-19, el gobierno no pudo y no quiso contener a la multitud de personas que tomaron las calles en todo el país para llorarlo. 

“Estoy muerto en vida, loco”, dijo a las cámaras un asistente al velorio masivo, con media cara tapada por un tapabocas negro. “Se murió mi dios”. 

El apogeo de Maradona como futbolista llegó en los ochenta, pero su era dorada como un ícono libertino fue en los años noventa, una época turbulenta para él y todo el país.

Argentina todavía estaba resurgiendo de la dictadura militar y lidiando con sus consecuencias sociales y económicas. Con la apertura del mercado, la clase media comenzó no solo a consumir productos importados de Estados Unidos, sino también su estilo de vida y cultura. El país todavía no había emprendido el camino colectivo de revisar su pasado reciente y estaba sumergido en el hedonismo de la década, plagado de exceso y corrupción.

Durante esta época Maradona era inseparable de su manager, Guillermo Cóppola. Compañeros de aventuras, la prensa los conocía como Diegote y Guillote. La magnitud de su fama era absorbente: todas las personas que entraban a su círculo, incluyendo a la joven Natalia Denegri, eran atrapadas por el hambre voraz de drama en esos tiempos del boom de la televisión por cable.

“Con los años me dí cuenta de cómo fui utilizada. Yo era menor de edad. No entendía nada de lo que estaba diciendo”.

Plagado de chismes y de especulación pocos fundamentada, la mayoría de los detalles de lo que pasaría a la historia como el Caso Cóppola son difíciles de entender aún hoy. Pero hay algunas certezas:

En 1996, Cóppola se entregó a la justicia luego de que en una investigación policial se encontrara un jarrón con una cantidad de entre 40 y 409 gramos de cocaína en su departamento. Circularon rumores de que integraba una banda de tráfico de drogas con otras celebridades, lo que implicó a todo su círculo social. Con apenas 20 años Denegri fue detenida, pero poco después fue liberada sin ningún cargo.

Cóppola no fue el único investigado por posesión de estupefacientes: según Guillote, en los archivos policiales figuraban Maradona y otras grandes figuras, como el controvertido presentador de televisión Marcelo Tinelli y Luis Miguel, la superestrella mexicana. Sin embargo, estos personajes nunca fueron acusados formalmente. Con el tiempo, la justicia determinó que la cocaína había sido plantada por policías corruptos. Cóppola fue absuelto. El juez federal a cargo de la causa, Hernán Bernasconi, fue arrestado junto a varios policías. Todos fueron condenados por fraguar causas contra ricos y famosos. 

El nivel de sensacionalismo del caso generó un vórtice de melodrama y afirmaciones dudosas. 

Durante los meses que siguieron al escándalo, Denegri fue rotulada como una de las “chicas Cóppola”. Su imagen se repetía en las revistas de espectáculos mientras ella era paseada por diversos programas de chimentos, incluyendo aquel en el que cantó su canción. La audiencia argentina la masticó y la escupió, tal como la cultura popular suele hacer con tantas chicas jóvenes. A finales de 1996, las chicas Cóppola fueron mencionadas en los medios con más frecuencia que el entonces presidente Carlos Menem. 

Con el correr de los años, Denegri se ocupó de recomponer su imagen. Se convirtió en una actriz respetada que aparecía en obras teatrales y películas. Se mudó a Miami, donde condujo el programa de historias de vida “Corazones Guerreros” en CNN Latino Miami, que le valió varios Emmys. Se involucró en la filantropía, abrió restaurantes y participó de eventos públicos con políticos. Por su trabajo humanitario y sus actuaciones carismáticas recibió varias notas elogiosas que salieron en la tapa de People en Español.

En 1999, inició una demanda contra el Estado por el daño moral y material que le generó el escándalo Cóppola. Recién a mediados de 2020, una corte federal dio una sentencia a su favor y ordenó que se la indemnizara con poco más de 5,600 dólares. 

El Caso Cóppola se difuminaba en el olvido, pero se mantenía obstinadamente presente en los resultados indexados de los motores de búsqueda. Denegri quedó pegada en un incidente que el país se negaba a dejar atrás.

En 2016, Denegri le presentó a Google una lista de 22 links para que fueran dados de baja en Argentina. Eran artículos periodísticos y archivo de video del caso, todo tenía más de dos décadas de antigüedad. Google se negó a desindexarlos.

Ese mismo año, Denegri demandó formalmente a la compañía. En su demanda expresó que esos contenidos la avergonzaban luego de tantos años de esfuerzo por hacerse un lugar en el periodismo estadounidense, y que le causaban daño psicológico, espiritual y profesional. Argumentó que sus derechos individuales tenían más peso que el derecho de acceso a la información del público, en particular porque en su caso había sido víctima de una investigación penal armada de manera ilícita.

En una entrevista que Denegri dio en 2020, contó que había sido chantajeada por periodistas que le pidieron dinero a cambio de borrar referencias al Caso Cóppola. 

Denegri inicialmente declinó emitir cualquier comentario ante Rest of World; bajo el consejo de su abogado no estaba dando entrevistas a los medios. Ulteriormente decidió sí confirmar algunos detalles de los sucesos aquí descritos junto con una declaración:

“Yo fui una víctima. No es que quiero ‘limpiar mi imagen’ porque hice algo malo, porque no fue así”, dijo Denegri a Rest of World. “Los links que pedí que bajen no son informativos, sino que son puras mentiras usadas para sacarle un provecho económico a mi imagen. Después de 20 años, es hora de ponerle un fin a todo esto y por eso hablé con Google. Como se negaron a colaborar, opté por la vía legal”.

La idea de que una persona pueda pedir que se borre su información personal de internet (o al menos de los resultados de Google) es un concepto relativamente nuevo desarrollado principalmente por reguladores europeos.

“Tener información de una persona significa tener poder sobre ella”, dijo a Rest of World Paul Nemitz, el consejero principal de políticas de justicia en la Comisión Europea. Google tiene mucha información personal sobre cualquiera que tenga una vida digital activa, e incluso también sobre quienes no la tienen, lo que significa que un incidente vergonzoso que antes era difícil de rastrear puede estar ahora a solo un clic de distancia. 

En 2016, Nemitz coordinó en la Comisión Europea la implementación de una nueva estructura legal sobre la privacidad de datos online, que luego se englobó en la Unión Europea como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). El GDPR establece que “una persona puede solicitar que se supriman sus datos personales”, “sin demoras indebidas” de parte del controlador de la información. Una norma que pasó a conocerse como el “derecho al olvido”.

Debido a la falta de precedentes locales, los abogados de Denegri armaron su caso usando resoluciones de la UE y los estándares del GDPR. 

“Tener información de una persona significa tener poder sobre ella”.

Según la normativa de la UE, para tramitar solicitudes en torno al derecho a ser olvidado, primero debe haber una entidad legal claramente identificada que haya controlado los datos en cuestión. Pero, en un principio, no estaba claro que los motores de búsqueda como Google entraran en la categoría legal de “controladores de información”. 

Eso cambió en 2014, con el caso de un hombre catalán que hizo un reclamo en la agencia de protección de datos de España. En 1998, un periódico local había publicado un aviso de ejecución hipotecaria a su nombre, y con el tiempo ese aviso y el resto del archivo del periódico fueron digitalizados para su versión online. Eso generó que años después el aviso de ejecución siguiera apareciendo en los resultados al buscar su nombre. El hombre hizo en 2010 el reclamo que llegaría hasta la Corte de Justicia de la Unión Europea, y que se convirtió en el primer gran fallo sobre el derecho al olvido que luego se incorporaría en el GDPR.

La corte de la Unión Europea resolvió que el diario local, como empresa periodística, no tenía que acatar la baja de información. Pero Google no gozaba de esa protección. El motor de búsqueda no solo guarda información personal, sino que la hace fácilmente accesible a cualquiera en el mundo.

Por el GDPR, los europeos tienen el derecho de pedir a la compañía que desindexe el material que consideran obsoleto e irrelevante para que no aparezca en los resultados de búsqueda. Sin embargo, el alcance territorial del fallo no estaba claro hasta que una corte determinó que la desindexación solo aplicaba a países de la UE. No sería tan sencillo para quienes estuvieron en el ojo público como Denegri.

La corte europea estableció que el interés de otros usuarios de internet debe ser tomado en cuenta en las solicitudes de desindexación. “Todo derecho fundamental, incluyendo el derecho a eliminación y protección de datos, tiene límites”, dijo Nemitz a Rest of World. “El interés público, que muchas veces se opone al derecho a eliminación y el derecho al olvido, es el derecho del público a saber.”

En respuesta a la demanda de Denegri, los abogados de Google escribieron que “el perjuicio invocado por la autora en su denuncia es inexistente”. Señalaron como prueba de ello su exitosa carrera. Agregaron que el motor de búsqueda estaba protegido por la garantía legal de la libre expresión y el acceso a la información debido a la naturaleza pública de su pasado. “El contenido”, escribieron los abogados, “refiere a hechos que trascienden su privacidad.”

Google se negó a eliminar los enlaces y sugirió que si Denegri quería que se bajaran, debía ir directamente a las publicaciones y a los usuarios que subieron los videos.

El caso rebotó entre distintos jueces por algunos años hasta que, a mediados de 2020, un juez de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de Denegri y ordenó que Google cumpliera con su solicitud, al menos con algunos de los links. 

“Se trataba de una persona joven, sin experiencia, que seguramente se vio confundida por su extraña ‘fama’ circunstancial”, dictaminó el juez. “Aclaro que no veo afectado el derecho a la intimidad, pues la actora se expuso públicamente, sino su derecho al honor”.

Fue la primera vez que una corte argentina reconoció el derecho al olvido. La sentencia fue confirmada en una segunda instancia unos meses más tarde por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Allí los jueces argumentaron que el contenido que circulaba alrededor de Denegri era “excéntrico”, “morboso”, y que alimentaba “el culto al rating”. 

Ordenaron a Google que desindexara contenido específico, incluyendo “videos o imágenes obtenidos hace 20 años o más que contengan … escenas de canto y/o baile de precaria calidad artística”.

Fue solo una victoria parcial para Denegri: los jueces también determinaron que cualquier contenido relacionado con el Caso Cóppola, que resultó en la condena del Juez Bernasconi, debería mantenerse en línea. 

El argumento fue que cualquier mención a la corrupción gubernamental era algo a ser preservado. En este caso, se trataba del episodio de los jueces condenados. Pero los videos vulgares y las coberturas televisivas sensacionalistas eran otro tema. “Su presencia no contribuye en absoluto a finalidad valiosa alguna, más que a la tangencialmente educativa que pueda … mostrar aquello que los medios de comunicación deberían evitar difundir”, afirma el fallo.

“Por afectar lo que fuimos, afectas la concepción de lo que somos y lo que vamos a ser”.

Martín Becerra, profesor de Políticas de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, explicó a Rest of World que la determinación de los jueces de aplicar el derecho al olvido en contenidos que son de interés público, sin importar su sensacionalismo, choca con la relación de Argentina con la memoria. Se refirió específicamente al largo período posterior a la dictadura, en el que el Estado argentino se hizo cargo y reconoció los hechos que llevaron a la desaparición de 30,000 personas. 

“Obviamente, la lucha que se dio acá por la memoria histórica es distinta, los delitos de lesa humanidad tienen interés público. [El caso Denegri] no tiene que ver con dirimir la vida y la muerte de nadie”, dijo Becerra. Sin embargo, al eliminar estos contenidos “estás amputando una parte significativa de lo que fuimos política y culturalmente y, por lo tanto, estás atacando el presente”, afirmó. “Por afectar lo que fuimos, afectas la concepción de lo que somos y lo que vamos a ser.”

En este momento, el derecho al olvido en Argentina pende de los próximos pasos que dé Google. Paula Roko, una abogada especializada en derechos digitales, consideró que el fallo podría sentar un precedente, pero que eso depende de que si la compañía apela o no en la Corte Suprema. De todas formas, dijo a Rest of World, “es una decisión paradigmática que podría ser utilizada en el futuro para lograr que se remuevan contenido similares”. 

Mientras Google define si apela o no, todos los enlaces siguen indexados. En una declaración para Rest of World, la compañía reafirmó su posicionamiento y se refirió al contenido como “parte del acervo cultural más allá de la valoración subjetiva que se haga sobre sus méritos y buen gusto”. Además, argumentó que desindexar esos enlaces no tendría consecuencias económicas, pero que “es importante un debate más profundo sobre esta decisión para evaluar las consecuencias de habilitar la desindexación de contenido legal relacionado a hechos de amplia repercusión pública”.

Para Denegri, la victoria fue más bien una cuestión simbólica. La ironía es que su cruzada para borrar ese pasado tuvo el efecto opuesto.

Antes de la demanda, los videos y artículos del escándalo eran mayormente desconocidos para las generaciones más jóvenes. Cuando la judicialización renovó el interés en el tema, diarios y columnistas volvieron sobre ese mismo contenido que ella pedía eliminar, lo que lo posicionó más arriba en los resultados de búsqueda.

Internet tiene un nombre para este fenómeno: el efecto Streisand, que sucede cuando los esfuerzos por esconder algo generan una mayor exposición. (Es llamado así por la ocasión en que la actriz estadounidense Barbara Streisand pidió que se bajara una foto aérea de su casa que estaba en la página de un fotógrafo, publicada como parte de un estudio sobre erosión costera, pero que a causa del intento de supresión se difundió muchísimo más). 

Ese fragmento de la infausta canción de Denegri resiste en el purgatorio digital de YouTube. A primera vista no parece que la gente lo esté mirando por nostalgia. Muchos usuarios se presentan como parte de una cruzada por la accesibilidad, asegurándose de que el video se mantenga público contra los esfuerzos de su protagonista.

“Podés ganarle a Google, pero nunca le vas a ganar a internet, Nati”, advierte el comentario mejor calificado.