A finales de abril, una ola de protestas se extendió por toda Colombia, desencadenada por una propuesta de reforma fiscal que muchos temían que afectara de forma desproporcionada a la ya muy sufrida clase trabajadora del país. La policía no tardó en detener a varios manifestantes, entre ellos una persona en la ciudad de Cali, al sudoeste del país. Las autoridades la esposaron, le quitaron el teléfono móvil y la dejaron con un grupo de otros detenidos. 

En un momento dado, un agente de policía volvió y le ofreció a la persona aflojarle las esposas. Al hacerlo, esta última se dio cuenta de que el agente estaba presionando las yemas de sus dedos la pantalla de su teléfono para desbloquearlo, según contó después a la Fundación Karisma, una organización colombiana de derechos digitales. Cuando las autoridades finalmente le devolvieron su dispositivo, la persona notó que estaba desbloqueado. 

Los expertos en derechos humanos afirman que este tipo de incidente va en aumento en América Latina. Los teléfonos inteligentes incautados se han convertido en un botín de información para autoridades que buscan levantar cargos contra movimientos sociales así como a líderes de la oposición. Anteriormente, la mayoría de las personas disponía de dispositivos básicos con pocos contactos y poca información adicional de valor. En la actualidad, sin embargo, los datos de un teléfono inteligente pueden a menudo ofrecer un panorama muy completo de la vida de una persona.

“Un solo activista puede tener unos 20 o 30 grupos —entre WhatsApp, Telegram, etc.— que utiliza para comunicarse con varias miles de personas”, dice Paolo Nigro, que ayuda a gestionar la línea de ayuda de Access Now, una organización sin fines de lucro que se dedica a los derechos digitales. 

Para acceder a los dispositivos con mayor facilidad, varios países latinoamericanos han contratado a empresas de ciberseguridad que diseñan software que permite a las autoridades eludir el cifrado de datos y otras protecciones. Las empresas suelen argumentar que esas herramientas prestan legítimo servicio a las investigaciones penales, pero sus detractores afirman que a menudo los regímenes autoritarios las usan para coartar las libertades individuales.

La Fundación Acceso, una organización de defensa de derechos digitales con sede en Costa Rica, afirmó en un informe el año pasado que tanto El Salvador como Honduras han adquirido licencias de la empresa Cellebrite; por su parte, Guatemala ha utilizado Magnet AXIOM, un software de investigación digital que permite a las fuerzas de seguridad recuperar información borrada de los teléfonos móviles. El mismo informe decía que Nicaragua negoció un contrato con EnCase, un conjunto de herramientas que supuestamente es capaz de desencriptar dispositivos y copiar sus datos.

Pero las autoridades no suelen necesitar herramientas de alta tecnología para acceder a los datos personales almacenados en los teléfonos. Muchas personas en América Latina siguen utilizando modelos antiguos tanto de dispositivos Android como de iPhones que no ofrecen un cifrado completo de los datos, lo cual significa que las contraseñas no ofrecen en verdad demasiada protección. En esos casos, “aunque [la policía] no pueda entrar en el sistema operativo propiamente dicho, [puede] extraer todos los datos”, dice Nigro. 

Hay expertos que afirman que una vez que las fuerzas del orden acceden a un dispositivo, un agente entrenado es capaz de llevarse lo que necesita en cuestión de minutos. Una vez confiscado, “si no sabes a ciencia cierta si te han extraído la información de tu teléfono, es probable que así sea”, dice Nigro. 

Los expertos en derechos digitales dicen que si se confisca un teléfono, por lo general su propietario cuenta con pocos recursos legales, pero las protecciones varían de un lugar a otro. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Brasi dictaminó, en un caso histórico, que obligar a un acusado a entregar las contraseñas de sus dispositivos electrónicos violaba su derecho a no autoinculparse. El tribunal argumentó que “nadie está obligado a aportar pruebas contra sí mismo”, citando la Constitución brasileña y la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la mayoría de los países de América (con la llamativa excepción de los Estados Unidos). 

Colombia, México, Perú y otros países latinoamericanos exigen una orden judicial para que la policía pueda acceder a las comunicaciones privadas, pero las decisiones judiciales suelen estar muy alejadas de lo que ocurre en la práctica. “Hay que entender que la validez legal de algo en América Latina no suele coincidir con cómo se hacen as cosas en realidad”, dice Nigro. 

En los últimos dos meses, las autoridades nicaragüenses han detenido a más de 10 líderes de la oposición a meses de las elecciones nacionales previstas para noviembre. Rest of World pudo confirmar que la policía del país incautó los teléfonos de los detenidos y, en algunos casos, les obligó a entregar sus contraseñas. “En algunos casos, las órdenes judiciales decían explícitamente que habían ‘fuertes indicios’, lo cual puede significar que [la policía] no tenía prueba alguna”, dice Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group, una organización sin fines de lucro dedicada a los derechos humanos. “Es posible que, al acceder a sus teléfonos, hayan intentado recabar más información”.

Cómo protegerte si te embargan el teléfono

Activa la aplicación ““Find My Device”” (Android) o ““Find My Phone”” (iOS), que te permitirá borrar tu dispositivo de forma remota en caso de que te lo confisquen.

Activa el cifrado completo del dispositivo, si tu teléfono no lo tiene activado por defecto.

Utiliza una contraseña larga y única para bloquear la pantalla de tu teléfono.

No protejas tu teléfono sólo con parámetros biométricos como las huellas dactilares y el reconocimiento facial: combina siempre estos métodos con una contraseña segura.

Utiliza aplicaciones de mensajería seguras, como Wire o Signal, y activa los mensajes que desaparecen y las contraseñas. Elimina los mensajes y conversaciones antiguas de otras aplicaciones.

Asegúrate de que las personas con las que compartes información también tomen estas medidas.

Si te confiscan el teléfono, asegúrate de que tus contactos inmediatos lo sepan y tomen sus propias precauciones de seguridad.

Cortesía de Access Now.

Bajo la presidencia de Daniel Ortega, Nicaragua introdujo una serie de nuevas leyes que limitan la libre de expresión, entre otras libertades. Una Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre, castiga con hasta cuatro años de prisión a quien “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor [o] zozobra”. 

Muchos de los candidatos y activistas detenidos han sido acusados en virtud de otra disposición aprobada en diciembre, que prohíbe a los nicaragüenses cometer cualquier acto que “menoscabe la independencia, soberanía y la autodeterminación” de la nación. “Este conjunto de leyes tiene como objetivo principal desincentivar, inhibir y dividir a la oposición”, afirma Breda. 

Hoy en día hay empresas tecnológicas, como Apple y Google, que les permiten a sus usuarios borrar sus dispositivos de forma remota, pero los expertos afirman que las medidas preventivas son la mejor defensa en caso de que un teléfono móvil sea confiscado. Access Now recomienda a los grupos vulnerables —activistas, periodistas e investigadores— que solo utilicen aplicaciones de comunicación con mensajes que desaparecen. También deben establecer contraseñas complejas para bloquear la pantalla del teléfono, en lugar de utilizar opciones biométricas, como las huellas dactilares o el reconocimiento facial. 

Gaspar Pisanu, gerente de políticas para América Latina de Access Now, dice que las empresas tecnológicas como Apple y Google podrían tomar medidas adicionales para proteger mejor de la confiscación de sus datos a los usuarios de la región. Por ejemplo, dice, deberían priorizar la respuesta rápida a las personas en países autoritarios que solicitan la eliminación de su información. Pero, en última instancia, el problema reside en los gobiernos, que a menudo no tienen incentivos para proteger la privacidad de las personas. “En verdad, las personas no tienen quien las defienda”, dice Pisanu, “porque el Estado debería hacerse cargo de eso”.