Era marzo 2020, transcurría el primer brote de Covid-19 y Paola, 35, escuchó que podrían tener celulares en la celda. Celebró eufórica. “Festejábamos como si fuera una tremenda libertad”, contó, “¡y era solo que íbamos a usar teléfonos!”. Una de sus referentes del pabellón dentro de la Unidad Penitenciaria 47 de San Martín le dio uno de regalo. Lo primero que hizo Paola fue llamar a su vecino, teléfono que sabía de memoria, para preguntarle si su hijo estaba por ahí. Quería pedirle su número para chatear. 

Paola, como otras mujeres con las que habló Rest of World, solicitó ser identificada solo por su nombre de pila. Para el momento en el que el gobierno argentino aprobó el uso de celulares en el penal, ella llevaba cumplidos seis meses de sus cuatro años de condena. 

El 20 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández había anunciado una cuarentena estricta que se extendería por gran parte del año. Para las cárceles significó la prohibición de visitas, de las clases dentro de la cárcel y de las salidas por trabajo. El aislamiento que vivió gran parte del mundo durante esos primeros días de la pandemia fue extremo para las personas privadas de su libertad: los lazos con el mundo exterior se cortaron gracias a una pandemia que contagió enfermedad y miedo de ambos lados de los muros de la cárcel. 

Diez días después, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires autorizó el uso de teléfonos celulares para las y los presos de la provincia. Buenos Aires tiene la mayor número de complejos penitenciarios y de detenidos en el país, con una sobrepoblación del 111% a lo largo de sus 66 establecimientos. La Unidad Penitenciaria 47 es uno de ellos, con un régimen mixto de 10 pabellones para varones y cuatro para mujeres. 

Rest of World habló con presas, defensoras y expertas en derecho para ver cómo el acceso a los teléfonos y su tecnología cambió el día a día dentro de las cárceles, no solo para las presas y su defensa, sino también para los guardias y oficiales. 

“Los celulares existen desde siempre en las cárceles y todo el mundo sabe que son esenciales”, dijo a Rest of World Claudia Cesaroni, abogada y defensora de derechos humanos. De hecho, la Provincia de Buenos Aires es una de las únicas cuatro jurisdicciones argentinas que ha implementado esta medida. En este escenario,“los presos de Buenos Aires tienen derechos que los presos de otras jurisdicciones no”, explicó. 

La legalización de los celulares mejoró la vida para mucha gente privada de su libertad, especialmente durante el periodo de doble aislamiento que provocó la cuarentena. “Antes peleábamos más, eso ahora no se ve tanto”, dijo Paola. Los teléfonos permitieron que hablaran con sus seres queridos, tomaran clases, trabajaran vía Zoom y Google Meet, compartieran fotos en Instagram, miraran YouTube y TikTok, leyeran libros online e hicieran yoga. Gracias a los dispositivos, incluso, algunas presas pudieron asistir virtualmente a reuniones en las escuelas de sus hijos. 

“Los celulares existen desde siempre en las cárceles y todo el mundo sabe que son esenciales”.

Hasta ahora, las cuatro provincias que han impulsado esta medida fueron Buenos Aires, Tucumán, Chubut y Mendoza. Esto deja a más de dos tercios de las personas encarceladas en Argentina sin acceso legal a celulares. Y, en 2020, por la cuarentena, las visitas estuvieron prohibidas por más de siete meses.

Según Alejandra Álvarez, miembro de Asociación Pensamiento Penal (APP), hay muchas razones por las cuales el sistema penitenciario se resiste a esta política en la mayor parte de las prisiones de Argentina. “Como toda institución obsoleta, tiene una aversión a los cambios”, dijo.

Tras más de dos años desde su implementación, la medida todavía es cuestionada en diarios, redes sociales y televisión. El centro de la polémica gira en torno a un tema mucho más amplio, que es la concepción de que las personas presas no deberían gozar de derechos fundamentales sencillamente por haber cometido un delito. Es por esto que, en su fallo, la Cámara de Casación argumentó que la prohibición de teléfonos durante la cuarentena podría cercenar otros derechos, como el acceso a la educación.

Los teléfonos también habilitaron el acceso a métodos de pago digitales como MercadoPago y Ualá. Esto le permitió a los y las presas a comprar productos en la cárcel y recibir dinero de sus familiares sin tener que esperar a que hicieran depósitos. 

Un grupo llamado “Taller Solidario Liberté”, compuesto de presos de una cárcel de Mar del Plata, usó su Instagram para sumarse a iniciativas solidarias y lanzó una diplomatura de derechos humanos en la cárcel. En muchos aspectos, los teléfonos acortan la distancia entre las vidas dentro y fuera de la prisión. 

A través de los establecimientos grandes, como la Unidad 47, los celulares también mejoraron la comunicación dentro de las cárceles. Cristina, 42, cumple una condena de cuatro años como la de Paola, pero en una celda diferente. Ella coordina el grupo de WhatsApp donde las presas mandan avisos e información útil sobre actividades y cursos dentro de la cárcel. Cada celda tiene una representante dentro del grupo y es responsable de avisarle al resto de la agenda semanal. “También nos avisamos si alguna sale a trabajar, por ejemplo, para que el resto pueda avisarle si necesitan algo de afuera”, contó. 

En noviembre 2020 hubo disturbios dentro de varias cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Las y los presos usaron sus teléfonos para compartir videos y TikToks documentando la violencia de la policía en su contra. Luego de los eventos, organizaciones de derechos humanos presentaron cientos de habeas corpus tomando estos materiales como prueba. 

Originalmente, el fallo que permitió el uso de celulares iba a extenderse solo durante la cuarentena. Pero las restricciones se fueron levantando y la medida continuó vigente. Contrario a lo que se podría pensar, expertos en derechos de la gente encarcelada dijeron a Rest of World que la presencia de teléfonos no aumentó los delitos dentro de la prisión, agregando que más bien facilitaban la vida de los presos, guardias y trabajadores en los complejos penitenciarios. 

Familiares y organizaciones de derechos humanos llamaron a mantener este nuevo derecho y extenderlo al resto de las cárceles. “El acceso a los celulares es una medida que reduce el conflicto”, explicó Cesaroni a Rest of World. Ella evocó el principio de normalidad, de acuerdo con el que la vida en las cárceles debería ser lo más parecida posible a la vida normal. “Bloquear este acceso es castigar por castigar”. 

Tanto Paola como Cristina están de acuerdo en que retroceder en el acceso a teléfonos llevaría a caos y conflicto. “El teléfono es todo para mí”, dijo Paola. “Me siento más tranquila cuando lo tengo: puedo estudiar, aprender cosas nuevas. No puedo imaginarme sin él, porque—” 

“Porque nos volveríamos locas”, Cristina completó su frase. 

Cuando le preguntaron por qué cosas les gustaría poder hacer con sus teléfonos, Paola respondió: “yo quisiera poder atravesar el teléfono para abrazar a mi hijo, pero no puedo, es algo que no se puede”.