Cuando Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, anunció su intención de comprar Twitter por $43,000 millones de dólares, su carta al Consejo Directivo incluyó un breve pero tajante argumento sobre el valor que tiene la plataforma como un foro de libertad de expresión. 

“Yo creo en su potencial de convertirse en una plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo”, escribió, “y creo que esta libertad es imperativa para una democracia funcional”. 

Musk continuó sugiriendo que, bajo su liderazgo, Twitter transparentaría el algoritmo de la plataforma y apoyaría la puesta en marcha de un botón de edición. Además, resaltó su convicción de que la moderación en Twitter no debería excederse de las normas del país en el que opera. Pero Musk ofreció algunos detalles más acerca de como Twitter podría apoyar a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, pasó por alto cuestiones que han afectado a otras redes sociales, como la problemas en la moderación de contenido y el cumplimiento de reglas impuestas por gobiernos restrictivos. 

Si Musk logra adquirir Twitter, va a heredar una compañía al frente del manejo de estas preguntas. Eso es cierto especialmente en países hostiles a la libertad de prensa y las voces opositoras. En lugares como India, Nigeria y Rusia, los gobiernos han presionado a Twitter ya sea prohibiendo a la plataforma, emitiendo centenares de pedidos de baja e implementando las llamadas “leyes de toma de rehenes”, mediante las cuales las plataformas son forzadas a tener empleados locales que puedan ser responsabilizados por cualquier violación de normas. 

Una adquisición exitosa significaría que Musk heredaría estos desafíos. “Las compañías son incentivadas a cumplir con órdenes represivas relacionadas con la censura o la vigilancia no solo por conflictos financieros o intereses económicos, pero también por la seguridad de sus empleados”, dijo Kian Vesteinsson, un analista de tecnología y democracia de Freedom House

“Al poner a los empleados en la mira, aumentan el riesgo de que las empresas se resistan a las órdenes del gobierno”.

Entre enero y junio de 2021, Twitter vio la mayor cantidad de peticiones de baja gubernamentales a nivel global desde su primer reporte de transparencia en 2012: fueron señaladas más de 196,000 cuentas. Existen razones legítimas por las que un gobierno podría pedir la baja de alguna publicación en redes, incluyendo cuando están relacionadas con crímenes violentos, estafas o pornografía infantil. Pero de la misma forma que los mecanismos legales son esgrimidos por las autoridades, las bajas pedidas por tribunales son cada vez más una herramienta para reprimir discursos políticos inconvenientes o publicaciones sobre género y religión.  

Twitter no siempre cumple con estas peticiones, pero en países con leyes que restringen el contenido digital, como Indonesia e India, navegar el diluvio de peticiones de baja y mantener la libertad de expresión es como caminar en una cuerda floja. El año pasado, el gobierno de Narendra Modi generó presión en Twitter para que censurara contenido de activistas y periodistas en medio de una ola protestas. Las tensiones llevaron a que en mayo 2021 se allanaran las oficinas de Twitter en Delhi. 

Además de las peticiones de baja, Twitter tuvo que encontrar una manera de moderar las declaraciones públicas hechas por jefes de gobierno, especialmente cuando constituían desinformación o llamados a la violencia. El otoño pasado, el presidente brasileño Jair Bolsonaro instituyó una nueva ley que limitaría la capacidad de Twitter de moderar publicaciones, incluyendo uno propio en donde aseguraba que solo perdería las próximas elecciones en octubre 2022 en el caso de fraude electoral. En junio 2021, la moderación de una publicación de Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria, en donde amenazaba a un grupo separatista, se convirtió en el disparador para una prohibición nacional de la plataforma que duró hasta enero de 2022. Twitter también fue una herramienta esencial para las protestas políticas de Nigeria durante el movimiento #EndSARS de 2020, y fue una fuente de información sobre salud pública durante la pandemia de Covid-19. 

Rest of World cubrió el año pasado la tendencia de las llamadas “leyes de toma de rehenes”, una serie de medidas legales según las cuales las redes sociales, incluyendo Twitter, deben abrir oficinas físicas o espacios para sus servidores en los países donde operan. Ante su prohibición en Nigeria, Twitter tuvo que abrir una oficina en Abuja, la capital, y leyes similares se implementaron en Turquía, Rusia y Vietnam. Estas leyes hacen que lo que esté en juego para Twitter no sea solo la continuidad de las operaciones en un país determinado, sino también la seguridad física de sus empleados. “Al poner a los empleados en la mira, aumentan el riesgo de que las empresas se resistan a las órdenes del gobierno”, dijo Vesteinsson.

Si Musk éxitosamente adquiere Twitter, los enfrentamientos de la plataforma con varios gobiernos del mundo sugieren que su plan de mantener a la red social como una plataforma para la libertad de expresión va a ser difícil. En respuesta a una pregunta que le hicieron durante su charla TED sobre cómo imaginaba una conducción de Twitter, Musk respondió: “espero que no sea tan terrible”.