En 2017, Luis Carriles, entonces un columnista para el periódico El Economista, se enteró de una historia preocupante. La policía había descubierto una manguera clandestina que conectaba a una refinería de Pemex, la empresa de petróleos estatal mexicana, a un terreno en un parque industrial cuyo propietario era la empresa Construcciones Industriales Tapia, conocida como Citapia. No parecía ser un caso aislado: Citapia no parecía ser una simple constructora sino que estaba ligada a uno de los casos más graves de corrupción que se habían visto en Latinoamérica.
Carriles escribió su columna, mencionando la toma clandestina junto con otros problemas que enfrentaba el sector petrolero en ese momento. Pero Citapia opuso una resistencia feroz, dijo el periodista a Rest of World. El apoderado legal de la constructora, junto con un equipo de abogados, se puso en contacto con El Economista exigiendo que bajara la historia. El periódico los ignoró y el texto continúa siendo accesible en su página web. Lo que Carriles no sabía era que, mientras Citapia aplicaba presión, otra empresa estaba tratando de bajar el artículo de las redes por otros medios.
Documentación vista por Rest of World indica que la compañía de “reputación digital”, Eliminalia, con sede en España y Ucrania, fue contratada para desindexar —borrar de los buscadores— o eliminar contenido que criticaba a Citapia en 2017. Los documentos, sobre los cuales informó en exclusiva Rest of World a principios de mes, incluyen una lista de miles de “clientes” de todo el mundo. Sus nombres aparecen junto a URLs de páginas web junto a términos como “modificado”, “desindexado” o “eliminado”.
Ni Citapia ni el apoderado legal nombrado en los documentos respondieron a Rest of World. Magalis Camellón, jefa del departamento legal de Eliminalia, respondió en un correo electrónico que los registros de la empresa no contenían ninguna mención de Citapia, ni de personas o empresas involucradas con la constructora.
Eliminalia también reiteró no tener ninguna relación con los documentos obtenidos por Rest of World, los cuales parecen indicar que los servicios de “gestión de reputación digital” fueron contratados por más de 100 personas en México entre marzo de 2015 y agosto de 2019. Muchos de los que figuran en la lista son personas con conexiones políticas, mientras que las URL son principalmente noticias sobre corrupción y narcotráfico.
Ya sea o no que los servicios de reputación digital se usen deliberadamente para obstruir alguna investigación judicial, activistas anticorrupción y defensores de la libertad de expresión en México dijeron a Rest of World que el uso de servicios que permiten ocultar información en línea podrían llegar a interferir con la sistema de justicia del país, dificultando investigaciones sobre corrupción y otros delitos.
“Para quienes trabajamos contra la corrupción, el periodismo lo es todo”, dijo Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, una organización de litigio estratégico enfocado en el combate a la corrupción. “Cada uno de los casos que hemos llevado a los tribunales se originó a partir de investigaciones periodísticas”.
Las empresas como Eliminalia logran modificar el contenido digital explotando la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), una ley estadounidense creada inicialmente para prevenir el robo de propiedad intelectual en línea. De esta manera, según la DMCA, una persona puede enviar una solicitud a los buscadores o proveedores web, afirmando que una parte de su contenido le pertenece, para luego exigir que se elimine o desindexe dicho contenido.
Las empresas de gestión de reputación también han comenzado a acudir a otras leyes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, para tratar de convencer a las empresas de alojamiento web de que eliminen contenido. Eliminalia ha sido acusada de presentar quejas infundadas bajo los regímenes de la DMCA y el RGPD para eliminar o desindexar contenido. La vocera de Eliminalia negó todo alegato que conectara a la empresa con este tipo de prácticas.
En el caso de las 51 las URLs referentes a Citapia en los documentos, la mayoría son textos noticiosos, incluyendo el artículo de Carriles. También hay artículos académicos y denuncias ciudadanas. Entre los enlaces también está la cuenta de Twitter del gobierno municipal de Atitalaquía, donde se había descubierto la ordeña de combustible. La cuenta había tuiteado sarcásticamente: “Si importar gasolina o comprársela a Pemex no es lo tuyo, puedes invadir terrenos alrededor de la refinería de Tula … para poner tus propias tomas clandestinas, así como lo hizo Construcciones Industriales Tapia”.
Muchos de los enlaces de la lista ya no son accesibles, por lo que Rest of World no pudo revisarlos. Sin embargo, las URLs en sí mismas revelan algunas pistas sobre la naturaleza de su contenido. Estas incluyen “ordenaban-ductos-en-una-empresa-se-les-acabo-el-negocio” y “www.apestan.com/cases/construcciones-industriales-tapia-tula-de-allende-hidalgo-mexico”.
El uso de servicios como los de Eliminalia puede tener un impacto real en las fortunas empresariales y legales de quienes los contratan. Si la evidencia y las denuncias de posibles irregularidades son borradas o quitadas del ojo público, cualquier juicio a futuro sobre estas se vuelve considerablemente más difícil.
Por ejemplo, la documentación de Eliminalia apunta a una serie de URLs que hacen referencia a los vínculos entre Citapia y la empresa constructora brasileña que estuvo al centro del mayor caso de corrupción en la historia moderna de América Latina; Odebrecht.
Entre 2001 y 2016, la constructora brasileña coordinó a nivel global una red de sobornos otorgados a altos funcionarios en América Latina y partes de África para conseguir contratos gubernamentales. En su confesión de diciembre de 2016, el titular de Odebrecht México nombró a Citapia y a su fundador, Juan Carlos Tapia Vargas, entre las empresas “recomendadas” por Emilio Lozoya, quien se convertiría en el director de Pemex luego de liderar su propia red de sobornos para financiar la exitosa campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Aún recientemente, Tapia Vargas ha rechazado cualquier alegato que lo conecte a él y a su empresa con Odebrecht ante las autoridades federales en México.
En el documento de Eliminalia obtenido por Rest of World, “Odebrecht” se menciona 98 veces entre la lista de enlaces. Junto a las URLs se encuentran los nombres de quienes serían supuestos clientes de la empresa de reputación digital localizados en México, Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica.
Medina, la cofundadora de Tojil, le dijo al Rest of World que la eliminación selectiva de historias referentes a posibles casos de corrupción podría negarles a los fiscales e investigadores la información que necesitan para llevar adelante casos legales. “Cuando tardíamente empezamos a analizar casos como el de la refinería de Tula y Odebrecht. … Necesitábamos toda la información que pudiéramos obtener para comenzar a construir un hilo conductor entre la evidencia”, dijo. “Si no tienes acceso a eso, no puedes conectar la evidencia que estaba surgiendo en otros países con lo que estaba sucediendo aquí [en México]”.
“Si una publicación digital desaparece”, concluyó Medina, “nunca habrá tenido la oportunidad de llegar al escrutinio legal. Es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía”.
Cuando la Fiscalía General de México publicó un expediente interno sobre sus investigaciones en torno al caso Odebrecht, en enero, el medio de noticias Animal Político observó que “al menos durante el primer año de la indagatoria (2017), mucha de la información que las autoridades de la PGR buscaban recabar era la que previamente se publicaba en amplios reportajes periodísticos.”
“Cada uno de los casos que hemos llevado a los tribunales se originó a partir de investigaciones periodísticas”.
Para Priscilla Ruiz, coordinadora legal de derechos digitales en Artículo 19, una organización que defiende la libertad de prensa, lo que está en juego es una cuestión mayor. “La defensa de la libertad de expresión”, dijo a Rest of World, “es fundamental para la construcción y preservación de la democracia”.
Rest of World se puso en contacto con algunos de los autores cuyo trabajo parecía haber sido blanco de Eliminalia. La mayoría no sabía que sus publicaciones se habían visto afectadas, aunque pocos expresaron sorpresa. En México, los periodistas son atacados de manera rutinaria por actores poderosos que ejercen presión por medio del gobierno, el acoso y, a menudo, la violencia.
Años después de los hechos, en 2019, el gobierno mexicano procesó a Citapia. La empresa fue multada por la Secretaría de la Función Pública por más de 206 millones de pesos (poco más de $10.4 millones dólares en ese momento) “por presentar información falsa para obtener beneficio de un contrato con Pemex Refinación”.
Aunque las investigaciones continúan, Carriles y Enrique Hernández Jiménez, un periodista de las cercanías de Atitalaquia y que ha seguido de cerca a Citapia, dijeron que sospechaban que las supuestas irregularidades que vincularían a Citapia con Odebrecht seguirían encubiertas. Simplemente no habrá suficiente evidencia para condenarlos jurídicamente, en su opinión.
Hernández Jiménez agregó que conocía bien el viejo método en el que cada que se publicaba una historia inconveniente para alguna persona o empresa poderosa, “el gobierno decía ‘No puedes publicar eso’ y suprimían la nota”. Pero aseveró que nunca había imaginado que serían capaces de eliminar las noticias por completo de la web.
Para aquellas personas que luchan contra la impunidad, el internet a menudo sirve como un archivo de casos pendientes, lleno de evidencia crucial. Por eso dice Medina que es tan importante el periodismo al que atacan las empresas de gestión de reputaciones. Al borrar esos reportajes, dice Medina, es como “un tipo de magia que ayuda a perpetuar la impunidad”.
