En febrero de 2021, Qurium, una organización que provee servicios de alojamiento web seguro a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, recibió un mensaje rebuscado de alguien cuya firma de correo electrónico indicaba que provenía del departamento legal de la Comisión Europea. 

Entre legalismos, el representante, “Raúl Soto”, exigía que Qurium tomara medidas sobre los artículos de un sitio de periodismo de investigación a la cual le presta servicios con sede en Kenia llamado The Elephant. Los artículos incluían una investigación sobre presunta corrupción, pero el correo electrónico de Soto no aludía a las acusaciones. En cambio, afirmaba que la historia había violado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), que regula la recopilación y el almacenamiento de datos personales en Europa. 

Al equipo de Qurium le pareció sospechoso. Una breve investigación reveló que la dirección física que aparecía en la firma de Soto no era, en realidad, la de la Comisión Europea, sino de unas oficinas rentadas en Bruselas. En una base de datos pública, descubrieron quejas presentadas a los buscadores internet casi al mismo tiempo que se mandó la carta; alegaban que el artículo de The Elephant era plagiado y solicitaban que se eliminara y desindexara, de modo que no aparecería en las primeras páginas de resultados del buscador.  

Qurium rastreó el dominio usado en el correo electrónico hasta una empresa de gestión de la reputación llamada Eliminalia, registrada en 2013 por un empresario español llamado Diego “Dídac” Sánchez y con sede en Barcelona y Kiev. Eliminalia se especializa en borrar información de internet; su slogan es “Eliminamos tu pasado, te ayudamos en tu futuro”, y promete “100% confidencialidad”.

Ahora, documentos a los que ha tenido acceso Rest of World ilustran cómo funciona la industria de gestión de reputaciones. Revelan cómo Eliminalia y otras empresas similares pueden usar reclamos de derechos de autor y avisos legales falsos para eliminar y ocultar artículos que vinculan a sus clientes con acusaciones de evasión de impuestos, corrupción y tráfico de drogas. El caso de The Elephant puede ser uno entre miles. 

Los metadatos, los nombres de los archivos y la inclusión de información de la empresa, así como datos de contacto y referencias a sus políticas internas, sugieren que los documentos se originaron de Eliminalia. Junto a nombres a quienes se refieren como clientes, los documentos incluyen URLs que fueron eliminados o desindexados de los buscadores en su favor. 

Rest of World habló con varias personas y medios de comunicación que administraban sitios web mencionados en los documentos. Confirmaron que habían sido abordados con quejas por empleados de Eliminalia o por personas vinculadas directamente con la empresa. 

Entre los miles de nombres que aparecen como clientes en los documentos, están el excanciller de la República Dominicana, una persona acusada en Argentina por estar involucrada en un esquema piramidal de criptomonedas y personas acusadas de corrupción en todo el mundo que aparentemente buscaban borrar información comprometedora de internet. 

Se trata de unos 17,000 URLs en los cuales parece haberse enfocado la empresa entre 2015 y 2019. Al menos en un caso, se indica que Eliminalia puede haber sido subcontratada por otra compañía de gestión de reputación a nombre de un cliente. No queda claro si la lista incluye la totalidad de los clientes de la empresa, pero contiene nombres de personas y empresas de Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África, mostrando hasta qué punto los servicios de este tipo se han convertido en un mecanismo para personas ricas y poderosas para controlar información en internet. 

Magalis Camellón, directora del departamento legal de Eliminalia, dijo en un correo electrónico que la empresa no “tenía relación contractual” con ninguna de las personas nombradas en este reportaje y que “desafortunadamente, los competidores realizan acciones indebidas (DMCA) a nombre de Eliminalia y de esa forma tratan de dañar la reputación de nuestra empresa”. La Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, o DMCA por sus siglas en inglés, es una ley estadounidense diseñada para evitar el robo de derechos de autor en línea que se puede utilizar para emitir solicitudes de eliminación. Camellón se negó a proporcionar más detalles.

Algunas de las personas que aparecen en los documentos son individuos que al parecer buscaban que se eliminaran videos explícitos de sitios web pornográficos. Pero los usuarios más prolíficos del servicio parecen ser empresarios y políticos que buscaban lidiar con artículos críticos.

Un acuerdo de contratación de Eliminalia de 2021, que fue visto por Rest of World, muestra que la empresa cobró 2,500 euros ($2,800 dólares) por la eliminación o desindexación de cada enlace. En una entrevista de 2016, Sánchez dijo que su firma cobra a algunos clientes y negocios de alto perfil una tarifa premium de alrededor de $20,000–$30,000 dólares. Aparentemente, los documentos muestran a algunos clientes interesados en cientos de artículos y páginas.”

Entre los nombres que se mencionan en la documentación está “Miguel Octavio Vargas Maldonado”, en aparente referencia al exministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Su nombre aparece junto a más de 500 enlaces a artículos de noticias, blogs, publicaciones en redes sociales y videos de YouTube aparentemente destinados a ser eliminados o desindexados. Muchos son artículos referentes a preguntas sobre sus prácticas de recaudación de fondos políticos. Incluyen acusaciones de que Vargas había recibido donaciones de un individuo que luego sería condenado por narcotráfico. Algunos de los enlaces permanecen activos, mientras que otros ahora se dirigen a páginas de error 404 o “archivo no encontrado”. Maldonado no pudo ser contactado; los correos electrónicos enviados a su partido político fueron rebotados y su sitio web actualmente está inactivo. Anteriormente, Maldonado ha negado todas las acusaciones de irregularidades mientras estuvo en el cargo. 

En los documentos también aparece un individuo al que se hace referencia como “José Antonio Gordo Valero”, quien aparentemente le interesaron varios artículos para su eliminación o desindexación referentes al colapso de OneCoin, una empresa con sede en Bulgaria que resultó ser un esquema piramidal ilícito. OneCoin atrajo inversores ofreciéndoles acceso a una criptomoneda de alto rendimiento y, según se informa, recaudó $4 mil millones de dólares antes de ser expuesto como fraude. La fundadora de la compañía, Ruja Ignatova, desapareció en 2017, pero fue acusada en ausencia de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores en Estados Unidos.

Un empresario llamado José Gordo se unió a OneCoin en 2015 y ha sido nombrado en una acusación por la estafa de esa empresa en Argentina. Los artículos que aparecen junto al nombre de Gordo en los documentos revisados por Rest of World incluyen referencias a su función en la empresa. Gordo no respondió a múltiples solicitudes de réplica.

Otro nombre en los documentos es el de “Diego Adolfo Marynberg”, quien parece ser el mismo Marynberg conectado con la financiación de causas de derecha, así como esfuerzos para impulsar asentamientos en Israel. Los informes también alegaron que su empresa recibió un trato preferencial en la adquisición de bonos argentinos valuados en millones de dólares. Más de 70 URLs aparecen junto al nombre de Marynberg en los documentos, que incluyen páginas de los periódicos israelíes The Times of Israel y Haaretz, así como de Clarín, uno de los sitios de noticias más importantes de Argentina. Marynberg no respondió a una solicitud de réplica y un mensaje enviado a uno de sus fondos, con sede en las Islas Caimán, tampoco recibió respuesta.

“Si alguien puede, con un poco de dinero, modificar su realidad y la realidad a la que el mundo puede acceder, ¿cuál es el puto punto?”.

Los documentos también incluyen muchos enlaces relacionados con historias sobre Venezuela. Entre los nombres en los documentos está el de “Majed Khalid Majzoub”. Con base en el análisis de las historias que fueron de interés, este nombre parece hacer referencia errónea a Majed Khalil Majzoub, un hombre de negocios influyente con estrechos vínculos con varios gobiernos, como la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro. El nombre de Majzoub aparece junto a más de 180 URLs, en su mayoría de medios independientes. De las dos URLs que apuntaban a artículos de Der Spiegel de Alemania, una ahora redirige a un mensaje de error; la otra, que parece referirse a las relaciones entre Venezuela y Colombia, dirige a una historia sobre el Brexit. Majzoub no pudo ser contactado. Der Spiegel tampoco respondió a una solicitud de réplica.

Un medio que fue objeto de interés repetidamente según los documentos es Infodio.com, un sitio administrado por el periodista de investigación venezolano residente en Londres, Alek Boyd. Boyd dijo a Rest of World que en varias ocasiones ha sido blanco de reclamos falsos bajo la DMCA y ha recibido mensajes de compañías de publicidad y relaciones públicas con amenazas de acciones legales. Según declaró a Rest of World, ha sido contactado en al menos dos ocasiones por personas que usan direcciones de correo electrónico de Eliminalia y se identifican como empleados de la empresa, con el propósito de que borrara contenido.

La presencia de Eliminalia en Venezuela ha generado preocupaciones entre las organizaciones de libertad de expresión. El informe Freedom on the Net de 2017 de Freedom House sobre Venezuela advirtió que Eliminalia había estado implicada en la “limpieza de las reputaciones” de políticos y empresarios locales, citando un informe de Lisseth Boon de Runrun.es.

Boyd dijo que se comunicó con las empresas de redes sociales, las autoridades y los reguladores para tratar de alertarnos sobre la práctica pero no tuvo éxito. Admitió cierto fatalismo sobre el uso de los servicios de gestión de reputación por parte de personas poderosas.

“Si alguien puede, con un poco de dinero, modificar su realidad y la realidad a la que el mundo puede acceder, ¿cuál es el puto punto?”.

Varios de los clientes mencionados en los documentos parecen haber utilizado el servicio para tratar de limitar el daño a su reputación ocasionado por la publicación de los Papeles de Panamá, que expusieron el uso generalizado de los centros financieros extraterritoriales por parte de políticos y figuras públicas de todo el mundo.

Los documentos muestran que varias personas que aparecen como clientes pueden haber llegado a Eliminalia, con conocimiento de causa o no, a través de otra agencia de gestión de la reputación, ReputationUp, registrada en España y con operaciones en América Latina. El CEO de ReputationUp, Andrea Baggio, declaró a Rest of World que su compañía participó en una “colaboración” con Eliminalia que “terminó de manera abrupta”.

“Decidimos descontinuar cualquier tipo de relación tan pronto nos dimos cuenta de que su modo de operar era incongruente con nuestras ideas y nuestro código ético”, dijo Baggio. El director se negó a decir la fecha en que finalizaron la relación.

La documentación contiene listas especialmente extensas con nombres de México. Al parecer, más de 2,000 de los enlaces en el listado fueron de interés para clientes residentes en el país. Ahí se encuentran personas de negocios y personalidades conectadas con la política que buscaban la eliminación de artículos de medios noticiosos importantes, como La Jornada y Proceso. 
Según la organización noticiosa Animal Político, Eliminalia comenzó a operar en México en 2015. El año siguiente, Sánchez alardeó en una entrevista de que ya tenía 400 clientes.

“Decidimos descontinuar cualquier tipo de relación tan pronto nos dimos cuenta de que su modo de operar era incongruente con nuestras ideas y nuestro código ético”.

La eliminación de una investigación realizada por el medio mexicano Página 66 ilustra cómo empresas de manejo de la reputación como Eliminalia podrían estar detrás de un patrón en el que investigaciones periodísticas se han visto borradas repentinamente y sin explicación.

En enero de 2018, Página 66 publicó una historia sobre contratos entre una instancia de gobierno local y una subsidiaria del Grupo Altavista, un conglomerado con intereses en infraestructura, ciberseguridad y tecnología de vigilancia.

Meses después, Página 66 recibió una notificación de su proveedor de servicios web donde informaban que, a raíz de la historia, el medio había sido denunciado por violación de propiedad intelectual. Otros avisos les llegaron, junto con correos electrónicos sustentados con jerga legal y amenazas en redes sociales, así como más exigencias de que se borrara un reportaje, citando informes de DMCA. El reportaje en cuestión actualmente no aparece en el sitio web. Página 66 no respondió a nuestra solicitud de comentario. 

La URL de la historia original de Página 66 aparece en los documentos a los que tuvo acceso Rest of World —así como en un reporte del grupo de defensa de libertad de expresión Artículo 19 que habla sobre el caso— permanece en línea en el momento de publicación de este reportaje. El nombre asociado con la solicitud de que se eliminara el enlace es Humberto Herrera Rincón Gallardo.

Herrera se identifica como experto en branding personal y su página web muestra que ha sido ampliamente citado en la prensa de negocios en México sobre el tema del manejo de la reputación. Herrera también aparece como la persona que solicitó la eliminación de varios artículos relacionados con el grupo Altavista, entre otras historias. Su nombre aparece además en una queja de derechos de autor hecha a Página 66.

Herrera y Altavista no respondieron a múltiples solicitudes de réplica.

Priscilla Ruiz, coordinadora legal para los derechos digitales en Artículo 19 en México, rió al saber que la página de la organización aparecía en los documentos, pero se mostró resignada. “Así es como funcionan las cosas aquí”, dijo.

Ruiz dijo que el uso aparentemente extenso de servicios como Eliminalia en México es preocupante. La corrupción y el crimen organizado han minado la política del país por décadas. Con el uso de esta técnica, las personas influyentes pueden pagar en secreto para tratar de ocultar sus escándalos pasados y adornar su reputación, lo cual dificulta que el electorado castigue la corrupción y el mal comportamiento. “La única fuente [de información] que tenemos es lo que dicen los periodistas”, dijo. “Una historia como [la que Página 66] publicó es importante para poder ver cómo las compañías influyen en decisiones políticas”.

Eliminalia fue fundada en España por Sánchez y ahora forma parte de Maidan Holding, un grupo empresarial para los intereses comerciales de Sánchez, con sede en Kiev y Barcelona.

El sitio web de Maidan describe a Sánchez como un empresario que salió de la pobreza, que superó una infancia difícil bajo custodia estatal en Barcelona, sin educación formal, para construir su primera empresa a los 20 años. “En poco tiempo, a los 25 años, “Dídac” Sánchez se convirtió en un paradigma entre jóvenes emprendedores”, dice el sitio. Su cuenta de Instagram privada tiene más de 40,000 seguidores.

El sitio de Maidan contiene numerosas citas inspiracionales, como “La responsabilidad no se da, se toma” y “Las cosas pequeñas alimentan las cosas grandes”. Sánchez también dirige su propia fundación, que trabaja temas de pobreza e inclusión social en España.

Otros negocios de Maidan son una clínica médica de reproducción que ofrece servicios de maternidad subrogada, planes para una clínica de cirugía plástica, un negocio de pagos y varias compañías de relaciones públicas y de manejo de reputación, como Eliminalia.

La industria del manejo de la reputación ha crecido de forma dramática en la última década, sacando provecho de leyes de “derecho al olvido”, como GDPR, que da a los usuarios algo de control sobre sus datos y la información publicada sobre ellos en internet.

Hay una demanda enorme por deshacerse de las indiscreciones del pasado en línea. La industria ha prosperado, en parte gracias a la efectividad, la facilidad y el bajo costo de las demandas mediante DMCA. Los proveedores de servicios de alojamiento en línea a menudo carecen de la capacidad o el interés para investigar cada queja y, según la ley, pueden ser considerados responsables si se comprueba una infracción de derechos de autor, lo cual puede ser muy costoso. Con frecuencia, las organizaciones y los medios sencillamente cumplen con estas exigencias.

“La pieza casi mágica es que una vez que hacen eso, [el proveedor] queda libre de culpabilidad. Están limpios, bajo ninguna circunstancia se les puede culpabilizar”, dijo a Rest of World Adam Holland, jefe de la base de datos Lumen, un proyecto del Berkman Klein Center for Internet & Society en la Universidad de Harvard, que rastrea solicitudes de DMCA.

“Todos los incentivos apuntan a que se retire el contenido de la página. Entonces, ¿para qué resistirse? Puede que se te involucre en un problema legal, ya sea real o incorrecto”. Si bien algunos buscadores y empresas de “hosting” rechazan las solicitudes, “la gran mayoría las acepta casi al instante”, dijo Holland.

Aunque existen usos legítimos para el proceso de quejas de la DMCA y los servicios de administración de la reputación, estos también se usan para enmascarar evidencia de malas prácticas ocurridas en el pasado.

“Básicamente son extorsionadores que pretenden usar las leyes estadounidenses y europeas para que dejes de publicar”.

La investigación de Qurium parece indicar cómo Eliminalia intenta corroborar sus quejas en el marco del DMCA. Para respaldar las afirmaciones de plagio contra The Elephant, Qurium descubrió que el artículo en cuestión fue copiado y pegado en varios sitios web diferentes, todos con dominios que los hacían lucir como medios de comunicación africanos. Luego, a los artículos duplicados les asignaron fechas de publicación anteriores al original. Los sitios web estaban alojados en los servidores de una empresa llamada World Intelligence Limited, con sede en Mánchester, Reino Unido. Companies House, el registro de compañías británico, nombra a Sánchez como el propietario único de World Intelligence Limited.

John Githongo, un activista anticorrupción y editor de The Elephant, dijo a Rest of World que el costo en tiempo y dinero en resistir las solicitudes de eliminación de contenido puede ser sustancial para organizaciones pequeñas como la suya. Él cree que ese es el punto. “Su éxito proviene de mantenerte ocupado y que acabes gastando dinero que no tienes”, dijo. Githongo añadió que las empresas de gestión de reputación y las prácticas que usan dan la impresión de que “básicamente son extorsionadores que pretenden usar las leyes estadounidenses y europeas para que dejes de publicar”.

Tord Lundström, director técnico de análisis forense digital de Qurium, dijo que, desde su investigación del caso de The Elephant, Qurium ha visto intentos de crear sitios web falsos para reclamar derechos de autor cada vez más sofisticados y difíciles de rastrear. Él ha identificado más de 200 nuevos dominios que cree que han sido creados por empresas vinculadas a Eliminalia con el fin de respaldar reclamos de DMCA o manipular resultados de búsqueda en internet. Eliminalia no respondió a solicitudes de réplica sobre la nueva red de sitios web ni sobre las denuncias de uso indebido del proceso de DMCA.

Lundström dijo que la industria de gestión de reputaciones necesita ser regulada legalmente con urgencia. La DMCA y el RGPD no fueron diseñados para usarse de esta manera, pero hasta ahora los legisladores y los tribunales de Estados Unidos y Europa no han tomado medidas significativas para controlar la industria.

“Suplantación de identidad, DMCA falsos, eliminación de contenido: el derecho al olvido no se está usando correctamente… Tiene que ser un tribunal el que diga que el derecho al olvido no está destinado a limpiar la imagen de las personas [corruptas]”, dijo. En este momento, aseguró, la capacidad de borrar el pasado de internet parece estar reservado solo para unos pocos ricos. “Depende de cuánto dinero tengas. Si tienes suficiente dinero, entonces tienes derecho a ser olvidado”.